SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al establecer que las desapariciones de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser juzgadas obligatoriamente con perspectiva de género e interseccionalidad. Este fallo determina que la aplicación de estos criterios no es una opción para los juzgadores, sino una obligación constitucional para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en las investigaciones. La decisión busca frenar la impunidad que históricamente ha rodeado los casos donde la labor de defensa de derechos se cruza con las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en el país.

La Corte subrayó que las autoridades judiciales deben considerar el contexto específico de las víctimas, reconociendo que su actividad como defensoras aumenta su nivel de riesgo y vulnerabilidad. Al instruir que se analicen los hechos bajo una visión de interseccionalidad, el máximo tribunal del país exige que se evalúen factores como la identidad de género, la situación socioeconómica y el entorno geográfico de las mujeres desaparecidas. Este enfoque pretende evitar que las investigaciones se realicen de manera aislada o bajo prejuicios que invisibilizan las causas reales detrás de las agresiones.

El mandato judicial también exhorta a las fiscalías y tribunales a implementar protocolos de búsqueda que tomen en cuenta la violencia diferenciada. Los ministros enfatizaron que omitir la perspectiva de género en estos procesos constituye una barrera que impide el esclarecimiento de los hechos y la reparación del daño para las familias afectadas. Con esta disposición, se sientan precedentes importantes para la actuación de las autoridades locales y federales en todo el territorio mexicano.

Esta resolución surge tras años de exigencias por parte de organizaciones civiles y colectivos de buscadoras que han denunciado la falta de especialización en las indagatorias. El Poder Judicial busca así fortalecer la protección de quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos, obligando a los operadores de justicia a integrar un análisis profundo sobre cómo el género influye en la comisión de estos delitos. La medida es un paso significativo para transformar la narrativa judicial respecto a la desaparición forzada y cometida por particulares en México.