ONG señala retrocesos democráticos en México bajo la administración actual
Human Rights Watch advierte sobre una brecha entre la política exterior del gobierno de Claudia Sheinbaum y la situación interna en materia de derechos humanos.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha publicado un informe donde ubica a México entre las naciones con retrocesos democráticos significativos durante el presente año. El documento subraya una marcada contradicción entre el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en foros internacionales y los desafíos que enfrenta la gobernabilidad y el respeto a las instituciones dentro del territorio nacional. Según la ONG, esta divergencia pone en entredicho los compromisos de México respecto a los estándares globales de derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho.
El análisis sostiene que la consolidación de reformas estructurales y el papel de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública han modificado el equilibrio de poderes. La organización señala que la creciente participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) en labores civiles, bajo el esquema de la Guardia Nacional, genera preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la transparencia institucional. Estos puntos han sido centrales en las observaciones que diversos organismos internacionales han hecho llegar a las autoridades mexicanas en los últimos meses.
En cuanto a la relación con los organismos autónomos y el Poder Judicial, el reporte menciona que la dinámica entre el Ejecutivo Federal y los contrapesos democráticos ha debilitado la percepción de independencia judicial. HRW advierte que la eficacia de las instituciones encargadas de garantizar el voto libre y la protección de los derechos humanos depende directamente de la autonomía frente a las presiones del poder político. La organización insta al gobierno mexicano a alinear sus acciones internas con los principios democráticos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promueve en el ámbito multilateral.
Por su parte, el equipo de comunicación del gobierno federal ha mantenido la postura de que las políticas actuales buscan una transformación profunda de la vida pública, enfocada en la justicia social y el bienestar de los sectores históricamente marginados. Los funcionarios argumentan que la soberanía nacional es una prioridad y que los programas de bienestar son herramientas fundamentales para reducir la desigualdad, un factor que consideran esencial para la estabilidad democrática del país. El debate sobre la calidad de la democracia mexicana continúa siendo un punto de tensión entre la administración en turno y diversos colectivos de la sociedad civil organizada.
