Moody’s advierte que cambios judiciales frenan la inversión privada en México

La agencia de calificación crediticia Moody’s alertó este sábado que la inversión privada en México mantiene un ritmo limitado debido a la incertidumbre derivada de los cambios recientes en el sistema judicial. De acuerdo con el análisis de la institución, las modificaciones estructurales en la impartición de justicia, sumadas a otras reformas legales, han generado dudas entre los inversionistas sobre la seguridad jurídica y el cumplimiento de los contratos a largo plazo.

El reporte destaca que el entorno de negocios se ve afectado cuando las reglas del juego sufren variaciones que alteran las garantías preexistentes. Para los analistas de la agencia, la confianza de los capitales depende directamente de la predictibilidad del marco legal, un factor que, según su evaluación, se ha visto presionado por la agenda de reformas impulsada en los meses recientes en el Congreso de la Unión.

Además de las preocupaciones sobre el Poder Judicial, Moody’s hizo mención de otros cambios regulatorios que han complicado el panorama para el sector empresarial. Estos ajustes, argumenta la agencia, elevan los costos de transacción y generan una percepción de riesgo mayor en torno a la protección de las inversiones, lo cual desincentiva la llegada de nuevos proyectos de capital extranjero al territorio nacional.

La postura de la calificadora se suma a otras voces del sector financiero que han solicitado certeza jurídica para potenciar el aprovechamiento de oportunidades económicas globales. El llamado de la agencia enfatiza que, sin un marco que garantice la estabilidad y el respeto a los acuerdos comerciales y civiles, la captación de inversiones seguirá enfrentando barreras significativas que limitan el crecimiento económico proyectado para el cierre del año.

Finalmente, el análisis subraya que el cumplimiento de los contratos es la piedra angular para atraer capitales de largo plazo en sectores estratégicos. La agencia recomienda que, para revertir esta tendencia, se priorice la claridad en la aplicación de las leyes y la protección de las garantías institucionales, elementos fundamentales para consolidar la confianza de los mercados en la economía mexicana.