Entra en vigor la Ley Mariana Lima en el Estado de México
La normativa obliga a la Fiscalía General de Justicia estatal a investigar toda muerte violenta de mujeres bajo el protocolo de feminicidio.
A partir de este 1 de octubre de 2026, el Estado de México ha formalizado la entrada en vigor de la Ley Mariana Lima Buendía. Esta reforma legislativa establece la obligatoriedad para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de investigar cualquier muerte violenta de mujeres y niñas bajo una perspectiva de género y el protocolo de feminicidio, garantizando una actuación ministerial estandarizada desde el primer momento en que se tiene conocimiento de los hechos.
La implementación de esta ley responde a una exigencia histórica de colectivos y familiares de víctimas que han señalado deficiencias en las indagatorias previas. Con esta disposición, el Ministerio Público tiene la responsabilidad legal de agotar todas las líneas de investigación disponibles antes de descartar la figura del feminicidio, evitando la clasificación automática como suicidio o muerte natural en casos donde existen signos de violencia física o antecedentes de agresiones.
La norma también contempla la capacitación continua del personal de la FGJEM, incluyendo peritos y policías de investigación, con el objetivo de eliminar sesgos de género en el procesamiento de escenas del crimen. Las autoridades estatales han comunicado que esta transición busca fortalecer el acceso a la justicia y la reparación integral para las víctimas indirectas, alineándose con las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la debida diligencia.
Organizaciones civiles han destacado que la entrada en vigor representa un paso significativo, aunque advierten que su eficacia dependerá de la correcta aplicación de los protocolos en cada una de las agencias del Ministerio Público en el territorio mexiquense. Por su parte, la fiscalía estatal ha señalado que se mantendrá un monitoreo constante sobre el cumplimiento de los procedimientos para asegurar que las carpetas de investigación se integren con solidez jurídica desde su inicio.
Este marco legal busca transformar la manera en que el Estado responde ante la violencia de género, priorizando la recolección de pruebas bajo estándares internacionales. Se espera que la homologación de estos protocolos contribuya a reducir la impunidad en los casos de alto impacto y brinde mayor certeza a las familias afectadas por la violencia contra las mujeres en la entidad.
